Deberíamos en realidad agradecer a los grupos anárquicos y antisitémicos que hay en nuestro país que sus actos de violencia se limitan apenas a tirar piedras, botar semáforos e incendiar buses del Transantiago, a lo más, a romper vitrinas y arrasar con una farmacia o un minimarket en esos días que la ciudadanía sale a la calle a manifestarse contra las injusticias de un sistema social y económico que no alcanza para todos.
Agradecer, porque sus acciones a la propiedad privada -al margen de los gastos que su reparación implica, ya sea al estado o a las empresas afectadas- no atenta contra la vida de las personas. Aún más, ayer vimos cómo la caballerosidad de uno de ellos, que con una botella de acelerante en sus manos, instó al chofer a bajar del bus, incluso permitiéndole sacar sus enseres personales, documentos y chaqueta, antes de rociar la máquina en plena Avda. Vicuña Mackenna, y prenderle fuego. Todo un caballero.
Imagínense lo que ocurriría si a estos jóvenes idealistas se les ocurriera poner bombas en jardines infantiles, decapitar a los choferes de los buses, dinamitar puentes o vagones de metro, quemar máquinas del Transantiago con todos los pasajeros en su interior.
¿Se imaginan si los narcotraficantes en vez de disparar al cielo en los funerales de sus pandilleros se dedicaran a dispararles a los pobladores que miran el paso del cortejo? Ahí sí que estaríamos en un país sin estado de derecho, donde los violentistas como en el norte de Irak, monopolizarían el uso de la violencia de acuerdo a sus fines, tendrían el poder de las acciones públicas y sembrarían el terror en un estado que, por el contrario, para ser más solidario y desarrollado requiere como nunca de instituciones fuertes y nobles para atender a los ciudadanos.
¿Qué diríamos de nuestras policías, de investigaciones, de la labor preventiva? ¿Sólo entonces se moverían nuestras instituciones de prevención del delito y de seguridad ciudadana y de inteligencia?
Cuesta imaginar que en nuestro país, las policías no hagan su pega, y no me refiero al trabajo realizado una vez cometido el delito sino a la labor de inteligencia que constitucionalmente se le exige, a esa que permite infiltrar, investigar, reconocer, aislar, anticipar a los delincuentes y los delitos, mediante una gestión policial no reactiva sino proactiva. Aún más, esa labor preventiva de inteligencia no necesita muchas más armas, ni radiopatrullas ni helicópteros; necesita gestión policial moderna, tecnología, en definitiva “inteligencia”, planificación, GESTIÓN. Gestión no sólo para identificar a priori cuáles son los grupos violentistas y delictuales que existen en Chile; dónde y cómo planifican los atentados de buses; de dónde salen estos jóvenes de overol blanco, que la mayoría de las veces no son estudiantes del liceo violentado; dónde viven los narcotraficantes; a quién de verdad le compran la droga; quiénes son los cabecillas de las bandas; quiénes los que financian los embarques; cómo se introducen cuchillos y estoques a los estadios; quién vende los fuegos artificiales de las barras bravas, qué funcionario hizo la vista gorda para introducir armas en la cárcel, etcétera.
Pero nuestra policía está en otra, o no tiene el personal con el debido nivel profesional para hacer un trabajo preventivo, o institucionalmente no está diseñada para ello; el Ministerio Público a veces está más preocupado de los indicadores que de dirigir eficazmente las investigaciones penales; y qué decir del ejecutivo, que más allá de los discursos para la galería respecto a la seguridad ciudadana, ha sido incapaz de romper la tendencia violentista de nuestra sociedad.
Sabemos que la violencia -en el fondo- es fruto de la tremenda desigualdad social y económica que afecta a la ciudadanía, de las pocas expectativas de movilidad social de los sectores más postergados, de un sistema económico que transforma el carácter democrático de los ciudadanos en uno donde la cultura del consumo y del crédito representa el acceso a un bienestar vacío de sentido. Pero no por ello es tolerable aceptar la violencia social como herramienta para reivindicar justicia y democracia. Si bien no se trata de meter más chilenos pobres a las cárceles, tampoco tolerar más violencia para recién empezar a preocuparnos.
En paralelo deben realizarse las reformas para hacer de Chile un país más justo, y al mismo tiempo, tener la inteligencia necesaria para anticiparse a las acciones delictuales más graves. El foco debiera ser la labor preventiva, la que al parecer, Carabineros e Investigaciones, el Ministerio Público con todos los instrumentos legales a su disposición han sido incapaces de realizar. Y con ello, implementar un sistema penal que aborde la capacitación y reinserción de los condenados en una sociedad que los necesita a todos en la construcción de un mejor futuro.
No vaya a ser que en los próximos atentados incendiarios al chofer ya no lo dejen salir del bus.
Buena caza 